VICTIMAS DE MALOS TRATOS

mayo 9, 2009

Dice el artículo 17, párrafo 2 de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género : “La información, la asistencia social integral y la asistencia jurídica a las víctimas de la violencia de género, en los términos regulados en este capítulo, contribuyen a hacer reales y efectivos sus derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la libertad y seguridad y a la igualdad y no discriminación por razón de sexo” Eso dice la Ley, pero las mujeres víctimas de malos tratos –se puede leer lo publicado en Las Provincias acerca de la mujer que va a perder su vivienda por un embargo ya que el exmarido no paga la mitad de la hipoteca a pesar de señalarlo si la sentencia- se quejan en demasiadas ocasiones de la victimización secundaria que sufren cuando la Justicia se pone en marcha tras una denuncia, u se pregunta: ¿denunciar para esto?
Las mujeres denuncian para recuperar la integridad física y moral de sus vidas, la libertad y la seguridad a la que tiene derecho total. Y se encuentran “cogidas” entre los vericuetos legales, en una maraña de decisiones judiciales, en las que se encuentran, en muchos casos, “perdidas” sin saber qué hacer. Y las mujeres víctimas de malos tratos se encuentran con que esa ofrecida atención social integral se que “en aguas de borrajas” a la hora de la realidad. Si la asistencia social debe de ser integral, y así lo señala la Ley, debe abarcar toda su problemática.
Y, en ocasiones, los hijos sufren las consecuencias de la victimización secundaria. Los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género son víctimas directas del maltrato, hayan recibido esa conducta directa o indirectamente. Y son victimas indirectas cuando la madre no puede ofrecerles la atención necesaria en alimentación, educación o atención integral. En el caso que nos ocupa –el embargo de la vivida por impago del condenado por malos tratos, a no tener vivienda. ¿Denunciar para esto?
Por supuesto que la Ley Integral debe de ser mejorada tras sus años en vigor, y en muchos aspectos. Pero mientras llegan esas reformas, la Ley debe ser cumplida en toda su integridad. Y reconozco que la tutela judicial está cumpliendo su función, aun con fallos y lagunas. Pero la asistencia social –que también incluye la recuperación en todos los elementos de la víctima- está siendo débil, cuando no inexistente.
Todos los estamentos que intervienen en la protección integral de la mujer ante la violencia de género, deben responder a su cometido, y hacerlo de un modo efectivo. De nada sirve pedir a las mujeres víctimas de malos trato que den un paso hacia la libertad, que denuncien, si las mujeres no confían en las ayudas, en la efectividad de lo señalado en la Ley, en que la mano tendida hacia ellas no se cerrara a las primeras de cambio.
JOSE-ANTONIO BURRIEL

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